Inquisición española

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Inquisición española
La primera Inquisición de las tierras de España fue implantada en Aragón en 1249 y llevada al resto de los territorios a instancia de Fernando el Católico en 1478 por una bula papal, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos españoles. A diferencia de la Inquisición medieval, dependía directamente de la corona española. Se implantó en todos los reinos de España, en Sicilia y Cerdeña (que entonces formaban parte de de la Corona de Aragón) y en los territorios de América (hubo tribunales de la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias. La Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, con excepción de la propia Corona, a quien servía como instrumento del poder real: era un organismo policial interestatal, capaz de actuar a ambos lados de las fronteras entre las coronas de Castilla y Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la Corona no podían rebasar los límites jurisdicionales de sus respectivos reinos.

Historia
La historia de la Inquisición española puede resumirse en las siguientes etapas:
Fundación (1478 a 1530): gran actividad. Objetivo principal: los conversos y otros herejes, los focos protestantes de la Universidad de Alcalá de Henares y de Sevilla. Periodo de severas penas.
Decaída (1530 a 1640). La actividad del tribunal fue menor, salvo un pequeño rebrote durante el reinado de Felipe II. El Santo Oficio se hizo más burocrático. El objetivo principal en esta época fueron los cristianos nuevos y la censura de libros a causa de la represión ideológica derivada del Concilio de Trento. Empezó una represión contra los erasmistas (Carlos I era erasmista). La falta de reos hizo a los inquisidores extender su jurisdicción a causas relativas a sodomía y se encargó de vigilar estrechamente las actividades de los extranjeros relacionadas con delitos ideológicos y de fe.
Rebrote (1640 a 1660). Se reinició la actividad, principalmente sobre conversos o cristianos nuevos.
Disolución (1668 a 1820): inactividad cada vez mayor. El tribunal se limitó a coartar la libertad de expresión y a impedir la propagación de las ideas ilustradas o excesivamente progresistas. El maestro valenciano Cayetano Ripoll fue el último condenado a muerte por el tribunal.
La Inquisición española no fue abolida definitivamente hasta 1834, aunque pudo tener alguna vigencia todavía en los territorios dominados por los carlistas, que propugnaban su reimplantación.

Organización
La Inquisición española estaba dirigida por el Consejo de la Suprema, que elaboraba instrucciones para los tribunales, examinaba informes de las vistas, ordenaba inspecciones, revisaba causas, y actuaba como tribunal para los miembros del Santo Oficio que hubiesen cometido algún crimen. Su presidente era el Inquisidor general. Los demás eran prelados, letrados e inquisidores provinciales designados por el rey.
Los tribunales que juzgaban a los reos estaban formados por tres inquisidores, la gran mayoría clérigos seculares con sesuda formación jurídica, además de otros funcionarios como fiscales, secretarios, alguaciles, notarios e incluso la oscura figura de un defensor del reo, cuyo papel se limitaba por lo general a asesorar a éste en cuestiones de procedimiento.
Colaboraban también en la actividad inquisitorial los familiares, servidores laicos del Santo Oficio que tenían ciertos privilegios (estaban exentos de contribuciones fiscales, podían ir armados y poseían privilegio de jurisdicción) y cuyo prestigio social venía del hecho de que ser familiar del Santo Oficio era una prueba de limpieza de sangre.